La paralización indefinida en la Región de Magallanes por el alza de la tarifa del gas ha permitido sincerar varias materias que hasta antes de esta movilización no eran de absoluto dominio público. El primer punto fue el reconocimiento que hiciera la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) de que en la región sólo hay reservas de gas para seis años, de no encontrarse nuevos yacimientos. Llama la atención que esta información surgiera sólo días antes de comenzar la paralización, alineándose de esta forma con la postura del gobierno que planteó la necesidad de disminuir el consumo de gas en la zona por la vía de un mayor costo a las familias. A fines de 2009, con motivo de un seminario energético, convocado a raíz, precisamente, de una anterior controversia por el precio del gas magallánico, se señaló que la disponibilidad del recurso domiciliario estaba garantizado al menos hasta el año 2020. ¿Qué sucedió que en un año el horizonte se acortó de forma notoria? Otra verdad revelada fue la obligación que tiene Enap de garantizar el suministro de gas a Methanex. De lo contrario se expone a multas. Y una de las formas de hacerlo, es intentando disminuir el consumo residencial en Magallanes. Lo que no se sabe con claridad, eso sí, es cuánto le vende y a qué precio. En este sentido, uno de los argumentos del gobierno es que la modificación tarifaria busca hacer más atractivo para empresas internacionales la búsqueda de gas en Magallanes, como si los clientes objetivos de esas compañías fueran los habitantes de la zona, cuando la verdad es que la venta de grandes volúmenes de gas está orientada a una finalidad industrial, como Methanex. También producto de esta movilización quedó al descubierto la feble posición de la Empresa Eléctrica de Magallanes, que utiliza gas en su proceso generador, más cuando surge la posibilidad de que Enap le limite la entrega de este insumo, viéndose la eléctrica obligada a utilizar diésel como combustible, mucho más caro. En vista de lo anterior, Edelmag debe realizar un análisis inmediato de las condiciones de su operación futura, planificando desde ya inversiones que le permitan suplir la eventual falta de gas, por ejemplo, con carbón. Finalmente, otra verdad revelada es el rol subsidiario de Enap, destinando 15 millones de dólares anuales para mantener un precio preferencial del gas a los magallánicos. No corresponde que una empresa pública, a la cual el gobierno le exige resultados positivos, asuma en su balance este costo. Este subsidio debe venir de manera directa del Estado, no de Enap, la que debe concentrarse en su tarea principal: la exploración y explotación de hidrocarburos para superar la grave crisis que enfrenta la región.
