A más de dos meses de iniciada una huelga de hambre, 32 presos políticos mapuches de un total de 110 que purgan prisión en los penales de Concepción, Lebu, Angol, Temuco y Valdivia lograron quebrar el cerco mediático para denunciar sus padecimientos y exigir la anulación de la ley antiterrorista. Apelando a esa ley, la Justicia chilena metió en prisión a los mapuches por defender sus históricas tierras contra la deforestación y las expropiaciones compulsivas producidas por las grandes corporaciones económicas. Gracias a la complicidad estatal, la resistencia empleada en la defensa de sus tierras fue distorsionada por los medios como un “atentado contra la vida” y una “emboscada criminal”. Amén del notorio deterioro en el estado de la salud de los huelguistas (algunos perdieron cerca de 20 kilos), dirigentes como Héctor Llaitul enfrentan una serie de causas que sumadas podrían arrojar condenas por más de 100 años de prisión.
Esta ley reaccionaria instauró la prisión preventiva a los activistas considerados “un peligro para la sociedad y para la seguridad interior del Estado”, mientras impide a los abogados defensores el acceso a la investigación y habilita el fraude con la presencia de “testigos encubiertos”. Como broche, el dictado de la sentencia se reserva tanto a la justicia civil como a la justicia militar con dobles procesos, una violación flagrante de los más elementales derechos democráticos.
La ley antiterrorista fue promulgada por la dictadura del general Pinochet y hoy es empuñada por el gobierno derechista de Piñera en función de los intereses de las multinacionales y los grandes propietarios de tierras. Sin embargo, la misma ley fue aplicada por los sucesivos gobiernos “progresistas” de la Concertación que criminalizaron la legítima lucha del pueblo mapuche por la restitución de sus tierras, reprimiendo brutalmente en la región de la Araucania. En 2002, el gobierno de Ricardo Lagos ordenó a los carabineros abrir fuego contra una ocupación de tierras en el Fundo Santa Alicia de la comuna de Ercilla, asesinando al jóven activista Alex Lemún Saavedra y estigmatizando a la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco como una organización “terrorista”. En 2008, Michelle Bachelet reprimió a las comunidades mapuches segando la vida del estudiante Matías Catrileo. Ambas causas fueron atendidas por el mismo fiscal militar, José Pinto Aparicio, y sobreseídas por la Corte Marcial con entera impunidad.
La herencia legislativa de la dictadura pinochetista es un reaseguro para la clase dominante chilenas para mantener a raya a la clase trabajadora y los pueblos originarios que luchan por sus legítimas demandas.
Leyes de la misma naturaleza represiva fueron sancionadas al otro lado de la cordillera por los Kirchner en 2007, sumado al nuevo proyecto de ley antiterrorista presentado recientemente por legisladores opositores del Grupo A. Al igual que la ley antiterrorista chilena, ambas iniciativas incorporan figuras delictivas del Código Penal, como la acción de trabar “el normal funcionamiento de los transportes por tierra”, asociadas a “actos de terrorismo internacional”. En ese sentido, Roberto Martino, dirigente del MTR, permanece preso acusado de “discriminación antisemita”, una de esas figuras del Código Penal utilizadas para enmascarar que Martino sólo denunció la política criminal del Estado de Israel durante la Operación Plomo Fundido, cuando en enero de 2009 las tropas sionistas asesinaron a más de 1400 palestinos.
La causa de los 31 huelguistas de hambre cuenta con la solidaridad de los pueblos mapuche, lonko y machis y de algunas organizaciones de otros países, que acompañan las demandas democráticas históricas de los pueblos originarios.
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones obreras combativas, el movimiento estudiantil y los partidos de izquierda deben ponerse al frente de una gran campaña democrática en la perspectiva de liberar a todos los presos políticos y doblegar las leyes represivas orientadas a blindar el poder del Estado contra las grandes mayorías populares.
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